El impacto fiscal de la reforma laboral es uno de los puntos más cuestionados por un informe reciente. El análisis realizado por CEPA señala que la reducción de contribuciones patronales implicaría una pérdida significativa de recursos para el Estado.

Según las estimaciones, el costo fiscal anual de estas medidas rondaría los 2.000 millones de dólares. Este monto representa una porción relevante del PBI y afecta directamente al financiamiento del sistema previsional.

La compensación de contribuciones con el Fondo de Asistencia Laboral reduce ingresos destinados a jubilaciones, PAMI y asignaciones familiares. El estudio advierte que esta dinámica genera un desfinanciamiento estructural de la seguridad social.

El informe sostiene que la reforma implica una transferencia de recursos desde el trabajo hacia el capital. En ese marco, señala que el ajuste no se limita al gasto público, sino que impacta de lleno en derechos laborales consolidados.