Con el amparo presentado, será ahora la Justicia la que deba pronunciarse sobre la validez del decreto que reforma la Ley de Inteligencia. El debate no es solo jurídico, sino político: qué rol puede tener la SIDE en seguridad interior y cuáles son los límites del Ejecutivo.

El caso se suma a una serie de controversias recientes sobre decretos presidenciales y reaviva la discusión sobre el control parlamentario de las decisiones estratégicas del Gobierno.

El fallo que se dicte podría marcar un punto de inflexión en la relación entre inteligencia, seguridad y democracia en la Argentina.