La aprobación de la reforma laboral en el Senado no fue lineal ni exenta de tensiones. El Gobierno logró 42 votos a favor y 30 en contra luego de negociar modificaciones con gobernadores y de ceder en puntos reclamados por la CGT, que el miércoles había encabezado una movilización hacia el Congreso en rechazo al proyecto.

Uno de los ejes de negociación fue la denominada “caja sindical”. Finalmente, se mantuvo el aporte solidario obligatorio a los gremios por un plazo de dos años, con un límite del 2%. También se conservó el esquema de aportes a las obras sociales, que seguirá en el 6%, lo que desactivó parte de la resistencia sindical.

En la discusión en particular, el oficialismo rechazó varias modificaciones impulsadas por bloques opositores. Sin embargo, en el capítulo referido a aportes obligatorios a gremios y cámaras empresariales, la votación mostró una leve merma de apoyos: obtuvo 40 votos en lugar de los 42 conseguidos en otros tramos.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, calificó la iniciativa como “la primera ley de la democracia para un cambio estratégico en las relaciones laborales”. Más allá del respaldo logrado, el tratamiento en Diputados anticipa una nueva pulseada política en torno a uno de los proyectos más sensibles del año.